En este cambio de mando, hizo uso de la palabra el Ministro Ricardo Blanco, quien efectuó un balance de su gestión como presidente que deja el cargo. Luego, la recién asumida Presidenta Sra. Chevesich, se refirió a los difíciles momentos que atraviesa el Poder Judicial y a los graves hechos ocurridos desde octubre de 2024, que derivaron en la remoción y destitución de integrantes de tribunales superiores, indicando que estos acontecimientos han profundizado el descrédito público de la Institución. No obstante, subrayó que dichas conductas no representan a la grandísima mayoría de quienes integran el Poder Judicial, conformado por cerca de 14 mil personas. Asimismo, recordó su rol en la coordinación del funcionamiento de los tribunales durante la pandemia y su participación en la implementación de leyes de alto impacto social, como aquellas vinculadas al pago efectivo de pensiones de alimentos y la creación del Registro Nacional de Deudores, lo que le permitió conocer directamente las dificultades estructurales, las cargas de trabajo y las buenas prácticas existentes en el sistema judicial.

En su intervención, la Presidenta de la excelentísima Corte Suprema identificó diversas causas del descontento ciudadano con la justicia, entre ellas los atrasos en la dictación de sentencias, la deficiente atención a los usuarios del sistema y la percepción de la existencia de una justicia diferenciada según la condición socioeconómica de las personas. Reconoció que “estos problemas son reales y requieren un análisis profundo, tanto desde las responsabilidades internas del Poder Judicial como desde factores externos, como la sobrecarga derivada de la judicialización de conflictos, el abuso del sistema recursivo y la dictación de leyes sin el financiamiento necesario para su implementación”.

Tras la ceremonia, la Pdta. del Tribunal Constitucional, expresó que “esto es un hito histórico que además coincide con que llega una mujer destacadísima dentro del Poder Judicial, que siempre ha estado vinculada con la probidad y la ética, de lo que se dio cuenta cuando se analizaron los proyectos que ha tenido a cargo. Es muy auspicioso para este período en que la institución tiene que salir fortalecida y seguir avanzando en sus procesos de modernización y de compromiso con que la justicia es un derecho de todos y todas”.

Finalmente, la nueva presidenta destacó el carácter histórico de su nombramiento, señalando que su llegada al máximo cargo de la judicatura representa el fin de una tradición institucional que había excluido a las mujeres de esta posición. En ese sentido, afirmó que “esta designación busca transmitir un mensaje a niñas, adolescentes y mujeres del país sobre la posibilidad de acceder a las más altas responsabilidades públicas mediante el trabajo, el estudio y la perseverancia”, dijo.

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A la sesión asistieron altas autoridades del país, entre las cuales se contó al Presidente del Senado, Manuel José Ossandón Irarrázabal; al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ministro Ricardo Blanco Herrera; al Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro Bascuñán; a la Presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa Rubio y el Decano del Cuerpo Diplomático Nuncio Apostólico de su Santidad, Monseñor Kurian Mathew Vayalunkal, entre otros.

La audiencia fue presidida por el ministro Arturo Prado Puga, Presidente del Tricel. Durante la misma, se firmó el acta respectiva y se dio lectura pública a la proclamación que declaró a José Antonio Kast Rist Presidente Electo de la República, para el período que se inicia el 11 de marzo de 2026. El documento dejó constancia de que, en la segunda votación presidencial realizada el 14 de diciembre de 2025, el candidato proclamado obtuvo el 58,17 por ciento de los votos válidamente emitidos, con una participación cercana al 85 por ciento del padrón electoral.

En su intervención, el ministro Arturo Prado destacó el sentido cívico del proceso, recordando la evolución del sistema electoral chileno y el rol del Tricel como órgano autónomo de calificación. Subrayó la relevancia del sufragio al señalar que “el derecho a sufragio lleva aparejado un deber ciudadano ineludible, sobre cuyo ejercicio descansa la arquitectura entera del sistema democrático” y sostuvo que “esta participación masiva otorga una legitimidad indiscutida a la autoridad que hoy proclamamos”. Agregó además que “la autoridad debe ser respetada no por la persona que la ejerce, sino por la dignidad del cargo sobre todo”.

Con la entrega de la sentencia de calificación y del acta de proclamación al Presidente electo, el Tribunal Calificador de Elecciones dio cumplimiento a lo previsto en la Constitución Política de la República respecto de la elección presidencial.

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El seminario en su apertura, contó con las palabras inaugurales de la Presidenta del TC, Ministra Daniela Marzi Muñoz, y del Presidente de la Corte Suprema (CS), Ministro Ricardo Blanco Herrera, junto a dos bloques de presentaciones dedicados a sentencias destacadas de ambas judicaturas en materia de igualdad y no discriminación, y un cierre a cargo de la Ministra de la Corte Suprema y encargada de asuntos de género, Sra. Andrea Muñoz Sánchez.

En su intervención, la Presidenta Daniela Marzi, subrayó el carácter sostenido que deben tener los compromisos institucionales en esta agenda. “El mejor destino del compromiso jurídico e institucional con la igualdad de la mujer es que sus esfuerzos sean permanentes, revisados y perfeccionados, pero nunca abandonados. La perspectiva de género exige hacerse cargo de las experiencias y obstáculos reales que enfrentan las mujeres, tanto dentro de nuestras instituciones como en el acceso a la justicia. Reconocer esa historia, aprender de ella y corregir nuestros propios sesgos es indispensable para avanzar hacia un sistema más justo y humano”.

Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema, Ministro Ricardo Blanco, destacó la importancia de fortalecer de manera permanente el trabajo jurisprudencial en esta materia. “El poder judicial seguirá trabajando para fortalecer la calidad de la argumentación en materias de igualdad y no discriminación, incorporando evidencias, buenas prácticas y experiencias comparadas. La ciudadanía demanda un Estado que garantice derechos sin distinciones arbitrarias, y nuestras instituciones deben estar a la altura de esa expectativa. La protección de la igualdad no solo se juega en la resolución de casos concretos, sino también en una revisión permanente de los métodos institucionales, la formación continua y la atención especial a los grupos históricamente excluidos del acceso a la justicia”.

En el primer bloque, sobre jurisprudencia de la Corte Suprema, intervinieron la Ministra Angélica Repetto, de la Primera Sala, quien expuso sobre la sentencia Rol 50.360-2020; el Ministro Leopoldo Llanos, de la Segunda Sala, a propósito de las causas Rol 45.187-2024 y Rol 9.886-2024, ambas relativas a recursos de amparo; el Ministro Gonzalo Ruz, de la Tercera Sala, se refirió a la causa Rol 14.224-2024; y la Ministra Jéssica González, de la Cuarta Sala, a la causa Rol 4.087-2019.  En palabras de la Ministra González : “La perspectiva de género es un método de análisis que permite identificar y eliminar las barreras que discriminan a las personas por sexo, género o pertenencia a grupos vulnerables. Juzgar con esta mirada significa hacer efectivo el derecho a la igualdad sustantiva, detectar sesgos y corregir asimetrías de poder, garantizando que la ley se aplique de manera justa y realmente igualitaria”.

El segundo bloque estuvo dedicado a sentencias del Tribunal Constitucional, a cargo de las Ministras Alejandra Precht, Nancy Yáñez y Catalina Lagos, quienes revisaron fallos en los que esta Magistratura ha desarrollado criterios sobre igualdad ante la ley, control de razonabilidad de diferenciaciones normativas y aplicación de la perspectiva de género, tanto en el examen de disposiciones legales como en el análisis de sus efectos sobre los derechos fundamentales.

La Ministra Alejandra Precht, tras su presentación en el Seminario, señaló que “la presente instancia, es relevante pues compartir experiencias entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema permite no solo compartir criterios jurídicos, sino también afianza un trabajo coordinado, que resguardando el ámbito competencial que corresponde a cada Tribunal, puede permitir un mayor avance en materias de igualdad y no discriminación”. Luego, especificó que “el Texto Constitucional de 1980 no reconoce derechos específicos de las mujeres, pero sí establece una igualdad entre hombres y mujeres. Desde allí, tomando en consideración estándares internacionales y utilizando herramientas de hermeneútica adecuadas, el Tribunal Constitución ha contribuido con sus sentencias a ampliar la mirada de la igualdad y considerar la perspectiva de género”.

Por su parte, la Ministra Yáñez declaró que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia consistente en igualdad y no discriminación, especialmente en la protección de los derechos de las mujeres. “Esto se refleja en sentencias como la STC 12.174, sobre una mujer adulta mayor con discapacidad; la STC 13.011-22, relativa a violencia de género ejercida por un agente del Estado; y los fallos 8.729 y 12.415 de la llamada ‘Ley Pascua’. Asimismo, las decisiones 3729-17, 15.276 y 15.368, sobre aborto en tres causales, educación no sexista y violencia contra las mujeres, muestran cómo el Tribunal ha incorporado criterios como el dinamismo constitucional y la interseccionalidad para responder a las transformaciones sociales. El mensaje transversal es claro: el Estado debe maximizar la autonomía de las mujeres y garantizarles una vida libre de discriminación y violencia.”

A continuación, la Ministra Catalina Lagos se refirió a los desafíos en materia de igualdad y no discriminación, oportunidad en la cual relevó que las restricciones que afectan los derechos de las mujeres requieren herramientas metodológicas específicas. “Cuando las medidas impactan de manera distinta a mujeres y hombres, o cuando existen motivos de género involucrados, no basta una simple comparación: es indispensable aplicar el test de proporcionalidad. Además, la incorporación de categorías sospechosas e interseccionalidad supone un desafío para la justicia constitucional, porque estas nociones provienen del Derecho Internacional y no siempre pueden trasladarse de manera automática. Nuestro reto es dotarlas de un sentido adecuado en sede constitucional para asegurar una protección efectiva de los derechos.”

Las palabras finales  estuvieron a cargo de la Ministra de la CS, Andrea Muñoz, quien aseveró que “este encuentro confirma que avanzar en igualdad exige un trabajo sostenido. Las decisiones judiciales importan, pero también nuestras prácticas institucionales, la formación de quienes imparten justicia y la comprensión real de las barreras que enfrentan las mujeres. Espacios como este fortalecen la coherencia entre tribunales, enriquecen la discusión jurídica y reafirman nuestro deber de garantizar un acceso a la justicia libre de discriminación”.

La realización conjunta de este seminario por parte del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema se enmarca en el objetivo de promover el diálogo entre ambas instituciones y la comunidad jurídica, con miras a consolidar estándares comunes en igualdad y no discriminación, enriquecer la formación de quienes imparten justicia y reforzar las bases de un Estado de derecho que garantice de manera efectiva los derechos fundamentales de todas las personas.

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La “Ceremonia de Investidura de Oficiales 2025” es el hito más significativo luego de cuatro años de formación. En la ceremonia, los egresados recibieron sus espadas, símbolo de mando, con la cual efectuaron el Juramento a la Bandera, reafirmando su vocación de servicio y fidelidad a la patria. Esta generación está compuesta por 55 Guardiamarinas pertenecientes al Escalafón Ejecutivo e Ingenieros Navales, ocho de Infantería de Marina, 10 de Abastecimiento y 10 del Escalafón Litoral, junto con nueve Aspirantes a Oficial de Mar, y dos Brigadieres provenientes de Colombia, que egresaron con el grado de Teniente de Corbeta.

Durante el desarrollo de la ceremonia también fueron distinguidas las primeras antigüedades de la generación, reconocimiento que premia la excelencia integral destacada de los mejores estudiantes por escalafón. La ceremonia concluyó con un impecable desfile de honor.

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El foro abordó temas cruciales para la región, entre ellos la crisis de la democracia representativa, los mecanismos para enfrentar retrocesos en el Estado de derecho, la independencia judicial como pilar democrático y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías a los sistemas institucionales.

La ministra María Pía Silva Gallinato, integrante titular por el Estado de Chile de la Comisión de Venecia, participó como expositora en la Mesa 1: “Crisis de la Democracia y del Estado de Derecho”, donde analizó el rol que han tenido las reformas constitucionales en América Latina frente a escenarios de erosión democrática. En su presentación, explicó la forma en que los países latinoamericanos se han organizado en torno al fenómeno del constitucionalismo; las crisis democráticas que han sufrido y las respuestas a tales fenómenos expresadas a través de cambios constitucionales y de la creación de nuevas constituciones; las particularidades del derecho constitucional común que surgió después de las dictaduras militares de los años 70-80 y su apertura al derecho internacional de los derechos humanos; el rol de la Corte Interamericana en el fortalecimiento de la democracia y el de las cortes constitucionales de la región en la recepción de los estándares internacionales de derechos humanos, incluidos los europeos y la consecuente incorporación de varios estados latinoamericanos a la Comisión de Venecia; los criterios que la Comisión de Venecia ha establecido en los informes recaídos tanto en las propuestas y procedimientos de 2022 y 2023 para elaborar una nueva Constitución para Chile, como en algunas enmiendas tramitadas en Perú y Chile vinculadas a órganos establecidos para asegurar el Estado de Derecho; y, en fin, los desafíos actuales que se plantean a las cortes constitucionales para controlar proyectos de reforma constitucional que pudiesen ser regresivas en un Estado constitucional y democrático de derecho.

La intervención de la Ministra Silva se realizó en un panel junto a expertos como el juez de la Corte IDH Ricardo Pérez Manrique, quien se refirió a la crisis de la democracia representativa en las Américas. También, del académico Rafael Bustos Gisbert, quién habló sobre “Crítica iliberal a la democracia y al Estado de Derecho en Europa”. Luego, la Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes (CEPC), María del Camino Vidal Fueyo, habló sobre los “Mecanismos de reacción y medidas contra la regresión del Estado de Derecho”. Junto a ellos, también expuso el presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, quien se refirió a «Los desafíos de la democracia constitucional: la experiencia brasileña».

Por su parte, la ministra Nancy Yáñez Fuenzalida, aludiendo a la doctrina de la razón pública, participó como moderadora de la Mesa 3, en la que se profundizó sobre la importancia de la “Democracia y el juez independiente». En ella, recordó que la independencia judicial constituye una de las más importantes líneas jurisprudenciales de la Corte IDH, porque es esencial para el adecuado resguardo de los derechos fundamentales, algo que la democracia necesita del Estado de derecho, y por eso debe ser protegido contra las presiones políticas, sociales y económicas. Los jueces constitucionales no pueden estar sujetos a maniobras para politizarlos y, para solucionar el conflicto entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y tendencias políticas mayoritarias  que se le opongan, cabe establecer cláusulas pétreas en la Constitución. El Estado de derecho puede ser protegido en forma transnacional, intensificando la tradición internacionalista de América Latina, para desde allá emplear los estándares de la Corte IDH en resguardo de la independencia judicial.

El propósito de este encuentro —según la invitación oficial— fue abrir un espacio de reflexión sobre pilares esenciales del constitucionalismo democrático, desde la jurisprudencia internacional hasta el impacto de la inteligencia artificial en los procesos electorales y de gobernanza.

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En sus palabras de saludo, la presidenta del TC, Daniela Marzi, manifestó que “la idea de este tipo de encuentros es compartir visiones conjuntas” y destacó que el profesor Viganó es también “una persona que conoce bien el sistema chileno y nos puede presentar un contraste y una contextualización que es importante para nosotros”.

Efectivamente, con el propósito de abordar el ejercicio constitucional desde la perspectiva de los derechos humanos se desarrolló esta charla magistral sobre la Corte Constitucional de Italia y controles de ley. En tal sentido, el Vicepresidente del Senado señaló que “a veces, nuestros cuerpos constitucionales tratan de capturar lo esencial de la norma, pero no necesariamente conversan con los distintos derechos que se quieren cautelar y por eso recurrimos a los Tribunales Constitucionales”.

En tanto, el Secretario General del Senado, Raúl Guzmán, resaltó la importancia de este encuentro que si bien es especializado “es un tema de interés y relevancia jurídica que se realiza en conjunto con el Tribunal Constitucional”. Agregó que si bien “ambas instituciones son autónomas estos espacios son relevantes y necesarios porque tenemos una interacción fecunda a propósito de competencias del TC en la formación de la ley y el derecho de parlamentarios para recurrir al TC, entre otros controles de la ley”.

En su exposición, el vicepresidente de la Corte Constitucional Italiana, Francesco Viganó, se refirió a la jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional italiana y cómo los ordenamientos Latinoamericanos, especialmente el de Chile, han ido experimentando algunas problemáticas similares. Se refirió, luego, a materias relativas al procedimiento de la Corte Constitucional Italiana que se compone de 15 magistrados, así como a su sistema de nombramiento. También detalló la forma de inicio del juicio y cuáles son algunas de las materias de competencia de la mencionada Corte, particularmente, en el control de las leyes.

Finalmente, el profesor Viganó respondió una serie de preguntas de senadores, letrados y funcionarios.

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La jornada comenzó con la Quinta Sesión moderada por el profesor Domingo Lovera. Inició este bloque el académico José Francisco García (PUC), quien reflexionó sobre la evolución reciente del precedente en el derecho constitucional chileno y los desafíos que presenta para la práctica jurisdiccional. Al respecto, señaló que “la evolución y consolidación del sistema de precedentes es virtuosa porque genera cooperación colectiva y predictibilidad en las reglas del juego… doctrinas y criterios estables permiten que el derecho coordine eficazmente la acción social y otorgue certeza a las personas acerca de lo que se espera de ellas y de la autoridad. Al mismo tiempo, obliga al juez constitucional a ser deferente con la tradición interpretativa que lo antecede.

Luego, fue el turno de la académica Daniela Accatino Scagliotti (UACH), quien abordó los desafíos de la justicia transicional chilena desde una perspectiva procesal. En su intervención, sostuvo que “en el caso de la justicia transicional chilena, es importante poner a la luz pública que no existen juicios orales y que los casos se tramitan mediante procedimientos escritos, muchas veces en condiciones de opacidad e invisibilidad de las pruebas. Esta estructura procesal ha dificultado que el proceso penal opere como un verdadero ritual de ciudadanía, en el que una persona debe responder por un agravio público que la comunidad política comparte con las víctimas, algo que en un procedimiento escrito resulta mucho más difícil”.

Tras una pausa, se dio paso a la Sexta Sesión, moderada por la profesora María Beatriz Arriagada, de la Universidad Diego Portales. En este bloque, el académico Fernando Atria Lemaitre (UCH) presentó una reflexión crítica sobre la expansión de la jurisdicción constitucional y sus efectos en la democracia. Sostuvo que este crecimiento no resuelve por sí mismo los conflictos polémicos propios de la vida democrática. Atria advirtió que, cuando los tribunales constitucionales se convierten en el escenario central de disputas políticas, el derecho adquiere el mismo carácter polémico que intentaba contener. Señaló que “las instituciones políticas existen para hacer probable que el conflicto democrático no lo decida la fuerza del más fuerte, sino el poder comunicativo de los ciudadanos. Cuando la jurisdicción constitucional se convierte en el escenario donde se libra esa disputa, el derecho corre el riesgo de transformarse en un espacio tan polémico como la política que pretendía contener”.

Posteriormente, la académica Yanira Zúñiga Añazco (UACH) presentó una exposición centrada en la incorporación de la perspectiva de género en la jurisprudencia. Señaló que este enfoque permite identificar y corregir sesgos históricos presentes en normas y prácticas jurídicas, con el fin de asegurar que el derecho opere como un garante efectivo de igualdad. Asimismo, destacó que en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional se observa una incorporación creciente de esta perspectiva, especialmente en materias vinculadas a derechos reproductivos y reconocimiento de la diversidad. La profesora valoró positivamente este desarrollo y lo presentó como un proceso en evolución dentro del sistema jurídico, subrayando que la perspectiva de género constituye una herramienta interpretativa que puede fortalecer la argumentación judicial y enriquecer la protección de derechos en el marco constitucional vigente.

Para finalizar la sesión, el abogado e investigador argentino de Conicet y Universitat de Girona, Federico Arena, analizó los desafíos de la coherencia interpretativa en el constitucionalismo comparado. En su intervención destacó que “las convenciones interpretativas no bastan para decir que una interpretación constitucional es correcta o incorrecta, y eso abre un espacio incómodo para el escepticismo sobre lo que los jueces dicen que la Constitución significa”. En la misma línea, que “si tomamos en serio el escepticismo sobre la corrección de las interpretaciones, tenemos que volver a preguntarnos qué estamos haciendo cuando hablamos de que un fallo constitucional acierta o se equivoca”. Por último, sostuvo que “aunque los tribunales constitucionales casi no tienen control por arriba, la práctica colectiva de los jueces puede funcionar como una convención que los disciplina horizontalmente y limita lo que cada uno puede hacer al interpretar la Constitución”.

Con esto, se dio por concluida la jornada de la mañana de esta instancia de reflexión e intercambio académico, que reunió a relevantes actores del mundo jurídico nacional e internacional. El Tribunal Constitucional destacó el valor de continuar promoviendo espacios de deliberación que fortalezcan la cultura constitucional chilena.

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Como es primera vez que se organiza un seminario de esta materia específica, que cuenta con 10 expositores extranjeros (dos on line) y varios nacionales incluso de regiones, la actividad académica causó expectación. Prueba de ello fue la asistencia de altas autoridades como el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero vega; Ministras(os) de la Corte Suprema de Justicia: Sras. Jéssica González Troncoso y Mireya López Miranda, y el Ministro Omar Astudillo Contreras; el Pdte. del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Wartenberg. Por la Universidad de Chile, asistió la Directora del Dpto. de Derecho Procesal, Sra. Renée Rivero Hurtado. También llegaron Superintendentes, Presidentes y Ministros de Tribunales especiales, Decanos de distintas escuelas y Facultades de Derecho, destacados académicos, estudiantes y funcionarios(as) del TC.

En sus palabras inaugurales la Pdta. del TC,  Daniela Marzi, expresó que “quienes han comprendido que la solidez de la fundamentación de la sentencia es la fuente de la legitimidad de los Tribunales, una vez asumida su naturaleza de poder contramayoritario, suelen ser quienes se dedican al cultivo de la argumentación jurídica. Es así como el maestro Ferrajoli ha explicado que tal legitimidad podrá emanar de “las exigencias que la sociedad demanda de sus jueces, en la calidad de la respuesta que la ciudadanía espera de ellos cuando les somete el enjuiciamiento de un determinado conflicto (…) orientación que podría sintetizarse afirmando que los jueces se encontrarán democráticamente legitimados, aun de manera muy indirecta, cuando desempeñen la potestad jurisdiccional de manera independiente (o no interesada o contaminada), pronta o eficaz (pues, como suele decirse con todo fundamento, una justicia tardía no es justicia); y, sobre todo, con escrupuloso apego a la legalidad vigente”.

Por su parte, la Ex Vicedecana y académica e investigadora de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UCH, Renée Rivero, en sus palabras indicó que “se trata de un seminario sin precedentes en nuestro país, dado que los ponentes desde distintos enfoques, trayectorias y posiciones teóricas e ideológicas han iluminado virtudes, debilidades y propuestas acerca de la interpretación y argumentación en la justicia constitucional”.

Luego, se dio inicio a la conferencia inaugural, «Las lecturas de la Constitución (lo que dice la Constitución y lo que presupone)» del profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Dr. José Juan Moreso. El invitado internacional afirmó que acerca “del texto de nuestras constituciones no acostumbramos a discrepar, pero acerca de cuál es el contenido de significado, aquello que dichos textos comunican, albergamos muchos desacuerdos”. Sin embargo, estos desacuerdos pueden resolverse, argumenta el autor, apelando a las presuposiciones pragmáticas de los textos, es decir, a aquel conocimiento compartido, el background contextual de nuestra conversación, para articular nuestra comprensión del significado. Ello quiere decir que, a pesar de los problemas que acarrea el lenguaje en que formulamos las normas constitucionales, “el lenguaje de nuestras constituciones comunica unos contenidos susceptibles de ordenar nuestra vida en común”.

José Juan Moreso en su charla magistral, distinguió varias lecturas posibles de las constituciones: la lectura histórica (u originalista), la lectura sociológica, la lectura económica y la lectura moral, lectura esta última que es la que defiende. Las distintas lecturas de las constituciones, son abordadas a través de ejemplos en los que debe interpretarse la prohibición de ‘tratos o penas inhumanos o degradantes’. La lectura moral de la constitución que él favorece requiere asumir la tesis de la incorporación (que el autor bautiza como Ethica more iuridico incorporata), según la cual, “cuando las fuentes del derecho (la Constitución, las leyes, los precedentes judiciales, por ejemplo) incluyen conceptos y consideraciones morales, lo que el Derecho establece ha de ser identificado mediante el uso de la argumentación moral”. En concreto, los jueces deben apelar al uso público de la razón, es decir, la discreción no les habilita para apelar a sus propias convicciones morales, sino a principios de nivel intermedio, principios que pueden ser aceptados por todos. Estos principios compartidos son, retomando el problema del significado antes enunciado, parte del background compartido por los integrantes de la comunidad respectiva. De esta manera, el razonamiento judicial puede ser caracterizado como razonamiento moral con setos institucionales.

Este Seminario continuará durante todo el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, pudiendo inscribirse en este link: https://extension.tcchile.cl/inscripcion-nov/

Vea el Programa: http://tcchile.cl/links/semnov25.html

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Los pasantes de la Universidad de los Andes, Juan Pablo Ortiz Cortés y José Francisco de la Fuente Benavente, elaboraron estos índices durante el año 2024 y 2025. Tras la entrega de certificados, la Pdta. Marzi agradeció su importante aporte a los jóvenes. Luego, la Ministra Peredo, les dio las gracias indicando que “creemos que ha sido una buena instancia de aprendizaje para ustedes, que esperamos dé sus frutos. Estas pasantías les permiten conocer el trabajo del TC desde adentro, lo que es muy bueno”.

Quien supervisó la actividad fue el Director de Estudios, Manuel Puccio, quien acotó que “ustedes, con su trabajo le dieron un nuevo impulso a estos tomos y pudimos reactivar este proyecto, en el cual ya tenemos un convenio con el Diario Oficial para su edición. Pronto verán en concreto su trabajo”. Finalmente, los estudiantes señalaron que “nosotros somos los que tenemos que agradecer, de tener la oportunidad de acercarnos a esta Institución. Siendo un fanático de Derecho Público, para mí esto significa mucho”, afirmó José Francisco de la Fuente. Luego, Juan Pablo Ortiz, concluyó que “constatar lo del manual de Derecho Constitucional cuando uno recién parte la universidad en la realidad y aterrizarlo, fue muy importante para nuestro desarrollo académico y profesional a futuro. Agradezco la instancia y la confianza”.

En estos momentos el Tribunal Constitucional tiene abierto un llamado a postular a pasantías, cuyo plazo de participación concluye el 5 de diciembre.

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La Presidenta Marzi asistió a la ceremonia inaugural, que se llevó a cabo en la sede del Supremo Tribunal Federal de Brasil, con la participación de altas autoridades judiciales y representantes institucionales, como el Magistrado Edson Fachin, Presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil; Norbert Lammert, Presidente de la Fundación Konrad Adenauer; y Bettina Cadenbach, Embajadora de Alemania en Brasil, entre otros. Este acto precedió a tres jornadas de análisis, realizadas con un sentido de cooperación entre los representantes de Argentina, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Perú, Uruguay, República Dominicana y Chile.

Dentro de las conferencias magistrales de la segunda jornada, la jueza constitucional chilena, Daniela Marzi, abrió el panel “Jurisprudencia de los tribunales constitucionales sobre la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes”. La Ministra Marzi se refirió a la jurisprudencia del TC chileno en materia de menores. Al concluir, relató que en su panel hubo acuerdo en que los temas sobre niñas, niños y adolescentes (NNA) se relacionan con diversas áreas, como la educación, salud, derecho preferente de los padres, etc. En el debate la Ministra Marzi dio cuenta de los cambios jurisprudenciales en el ámbito de la educación, específicamente cuando el legislador ha exigido que esta sea “no sexista”, lo que ha generado debates de constitucionalidad. En sus palabras “en estos casos se ha aplicado un criterio interpretativo que apunta a que en materia de NNA se atienda el caso concreto, por ejemplo, respecto del límite de edad para optar al cambio registral cuando se trata de menores transgénero. Esto muestra una apertura a problemas que son actuales”, enfatizó.

En los paneles híbridos y las mesas de diálogo de la primera jornada, destacó la reciente Opinión Consultiva OC32/25 de la Corte IDH sobre emergencia climática, que fue solicitada por Colombia y Chile. También, la gestión del conocimiento en los tribunales constitucionales, por lo que se conocieron experiencias de distintos centros de investigación de dichas cortes y tribunales. Además, se dialogó respecto de la discriminación y su respuesta desde la perspectiva de la jurisdicción constitucional latinoamericana.

Este encuentro internacional fue organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer en conjunto con el Supremo Tribunal Federal de Brasil, no solo para promover la cooperación judicial, sino también el intercambio de buenas prácticas entre las altas cortes de la región, fomentando respuestas conjuntas ante los desafíos constitucionales contemporáneos.

En el evento también se presentó el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2024-2025.

Para más información: KAS – Encuentro Tribunales   |    Programa – KAS

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