La máxima autoridad del Tribunal Constitucional (TC), Ministra Nancy Yáñez Fuenzalida, participó el martes 29 de agosto, en la segunda entrega de títulos póstumos de abogados, a víctimas de violaciones a los derechos humanos, que aparecen en las nóminas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. En audiencia pública el Pleno de la Corte Suprema dio este reconocimiento a modo de reparación y en forma extraordinaria a ocho familias de egresados de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Valparaíso.
Todos los reconocidos, concluyeron sus estudios como licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. En la ceremonia especial del Tribunal Pleno de la Corte Suprema, recibieron los títulos póstumos familiares de Silvio Vicente Pardo Rojas, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; parientes de Fernando Álvarez Castillo y Jaime Eltit Spielmann, egresados de la Universidad de Concepción y de Littre Quiroga Carvajal, Héctor Mario Silva Iriarte, José Tohá González, Fernando Abraham Valenzuela Rivera y Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand, egresados de la Universidad de Chile.
Tras la ceremonia la Presidenta del TC, Nancy Yáñez, valoró el acto indicando que “la ceremonia fue extremadamente significativa, en ella fue relevado que la entrega de títulos póstumos constituye un acto de reparación a las víctimas de derechos humanos, lo que ha sido refrendado por el Pleno de la Corte Suprema”. Además, el Presidente de la máxima Corte del país, Ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, hizo énfasis en que, el objetivo último de la función de un abogado es la justicia: “…realizamos este acto a modo de reparación que, además de su marcado simbolismo, es un paso concreto para cumplir en forma cabal ese objetivo de carácter reparatorio, tanto para las personas directamente afectadas, como para sus familiares y la sociedad en su conjunto.” Agregó que “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos dicta que toda vulneración de este tipo crea un deber de reparación, que indudablemente debe ser integral. Por ello, la reparación en estos ámbitos no se satisface sólo con la determinación de responsabilidades penales o con las indemnizaciones pecuniarias respectivas…”. Continuó: “Ritos como estos tienen un enorme impacto social, pues robustecen la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, objetivos centrales que dan sustento y sentido a todas las instituciones públicas …”.
También participaron en la ceremonia, la ministra de Interior, Carolina Tohá Morales; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el Defensor Nacional, Carlos Mora y el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, entre otras autoridades.
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