Con el acuerdo del Pleno de Ministras y Ministros del Tribunal Constitucional (TC), esta Magistratura es una de las 60 instituciones que aportaron al diseño de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), que culminó el jueves 12 de octubre, tras iniciar el trabajo en junio de 2022. En la iniciativa participan órganos tales como el Poder Judicial, la Contraloría, El Ministerio Público, las fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, entre otras Instituciones. El objetivo es crear una cultura de transparencia y probidad para enfrentar la corrupción y establecer instituciones más sólidas para fortalecer la democracia en la próxima década.
La política de Estado es impulsada desde la Secretaría y Subsecretaría General de la Presidencia, con Valeria Lübbert como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (CIPyT). Por ello, el Ministro Álvaro Elizalde, estuvo presente en el encuentro de culminación de la etapa de diseño de la ENIP en La Moneda. Ahí destacó que “esta Estrategia se ha construido dialogando con los servicios y, por tanto, con un importante componente práctico que aportan precisamente quienes trabajan en estas áreas…Queremos materializar el principio básico del buen uso de las recursos públicos con control ciudadano…”.
Asimismo, Valeria Lübbert, señaló que en la Estrategia “hemos establecido cinco ejes que son transparencia, recursos públicos, política, sector privado y función pública. Y para abordarlos se desarrolló un diagnóstico y objetivos estratégicos para cada eje. Esta estrategia nacional, a diferencia de otras, no sólo define cuáles son los objetivos, sino también apuesta por un plan de acción con medidas concretas que esperamos se vayan cumpliendo”.
Por otra parte, en representación del Tribunal Constitucional concurrió su Jefe de Gabinete, Sr. Matías Vargas Börgel, quien destacó que “El plan de integridad fortalece la institucionalidad, reforzando la regulación y la coordinación para asegurar la transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de resguardar la autonomía y naturaleza de las instituciones que se sumaron a la iniciativa, precisando mediante la política una decisión de Estado, que será transversal a todos los órganos y servicios”.
