“Importancia de la Justicia Constitucional y sus sentencias: carácter vinculante, facultad de imperio y efectos” fue el tema abordado el 18 de abril por el Ministro del Tribunal Constitucional (TC), Miguel Ángel Fernández, en la primera charla formativa 2024 para funcionarios/as municipales del país. En la inauguración de la actividad académica, la Suplente de Ministro Natalia Muñoz Chiu -y quien organiza el ciclo- señaló que “en 2023 capacitamos a cerca de 900 funcionarios/as pertenecientes a 270 municipalidades y este año focalizaremos el curso en otorgar herramientas de litigación, para que las municipalidades puedan acceder con más éxito a la justicia constitucional. Además, daremos a conocer la orgánica interna del Tribunal y las funciones y competencias de sus integrantes”. La actividad es organizada en conjunto con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
Antes del inicio de la ponencia, el prosecretario de la AMUCH, César Rojas, agradeció la instancia invitando a sus asociados a aprovecharla, agregando que “los fallos de este Tribunal son verdaderos informes en Derecho. Es así como el TC ha ido precisando en el tiempo, por ejemplo, el ámbito de competencia de las ordenanzas municipales”.
El Ministro Miguel Ángel Fernández inició su presentación refiriéndose al origen de la justicia constitucional, indicando que “El control de constitucionalidad es una de las herramientas en manos de las autoridades y la ciudadanía para limitar el poder del Estado”. Agregó que en un Estado de Derecho “la existencia de un órgano que vele por la justicia constitucional es la primera garantía de la supremacía constitucional y la existencia de una jurisdicción constitucional concentrada y especializada es importante para la seguridad jurídica”, enfatizó.
Luego el juez constitucional, profundizó respecto de la importancia de la justicia constitucional y de sus sentencias, afirmando que “La mayor eficacia de las sentencias de la judicatura constitucional me parece a mí, tiene que ver, más que con el imperio, más que con la eficacia práctica de sus decisiones, tiene que ver con el valor que adquiere la interpretación constitucional que subyace a las decisiones del Tribunal”. Fernández, recordó que contra las resoluciones de esta Magistratura no procede recurso alguno.
“El Tribunal tiene la facultad de suspensión del procedimiento, estamos pensando en las causas de inaplicabilidad, donde se requiere la inaplicabilidad de un precepto legal que incide en una gestión pendiente, entonces este Tribunal para no correr el riesgo de dictar una sentencia en un asunto que ya terminó, y por lo tanto que no tenga eficacia, puede suspender la tramitación de la gestión pendiente”, aclaró.
La próxima charla de este ciclo será sobre “La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, aspectos prácticos de tramitación” a cargo de los relatores del Tribunal Constitucional, José Francisco Leyton y Lino Riffo, el jueves 25 de abril de 15:00 a 16:20 horas, vía telemática.
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