Este 29 y 30 se mayo se realizó en Ecuador la XV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), a la que asistieron los más altos representantes de las Cortes, Salas y Tribunales Constitucionales de 15 países de la Región, España y Portugal. A la inauguración del encuentro asistió el Presidente de la República del vecino país, Daniel Noboa. En la conferencia internacional que se realiza cada dos años, el Tribunal Constitucional (TC) de Chile fue representado por el Ministro Héctor Mery Romero y la Ministra Alejandra Precht Rorris. El primero hizo su presentación en el panel cuyo eje temático fue: los aportes de las altas cortes al Ius Constitutionale Comune, titulada “El Bloque de Constitucionalidad y un Corpus Iuris Americano ante la Tradición Constitucional Chilena. Algunas notas sobre su alcance amplio o restringido”.
El Ministro Mery abordó lo que la doctrina constitucional ha denominado como el “bloque constitucional de derechos fundamentales”, constituido por los derechos fundamentales cuya base es la dignidad humana, y que se encuentran reconocidos y asegurados por la Carta Magna y, por mandato expreso de ésta, por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En virtud de lo anterior, el Ministro Mery analizó el rol del juez constitucional, particularmente respecto del control de convencionalidad, y el alcance que corresponde darle. Así, ”se adopta una postura crítica del alcance extensivo que ciertos sectores de la doctrina le han dado, acogiéndose más bien a una tesis acotada, que es la que más se ajusta tanto al Derecho Internacional, como al ordenamiento constitucional interno, respetando la obligatoriedad de los tratados debidamente ratificados, sin que ello signifique una renuncia a la soberanía nacional, ni a las atribuciones constitucionalmente otorgadas a los órganos públicos”, dijo.
Concluyó el Ministro chileno en Quito, que el rol que cabe al Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete de la Constitución y garante de la supremacía constitucional, es dar estricto cumplimiento a sus disposiciones, tanto en lo relativo a normas sustantivas – como lo es el artículo 5° de la Carta Fundamental – como en aquellas normas de carácter orgánico y competencial, las que son estrictas al señalar que corresponde a esa magistratura controlar la concordancia de distintas normas y actos sujetos a su control, con la Constitución. Así, la incorporación de un parámetro de control con enfoque de derechos siempre debe ajustarse al texto constitucional, sin arrogarse otras facultades no previstas en la ley ni en la Carta Fundamental, lo que significaría un exceso de poder en el ejercicio de sus atribuciones.
Para el presidente de la Corte Constitucional de Ecuador y secretario pro tempore de la XV CIJC, Alí Lozada Prado, esta conferencia constituye una gran oportunidad para intercambiar información y criterios entre quienes ejercen la justicia constitucional en los países Iberoamericanos. Por su parte, la vicepresidenta de dicha Corte, Carmen Corral Ponce, destacó el diálogo abierto y el intercambio de conocimientos en el ámbito del derecho constitucional que propicia este tipo de encuentros.
Los tres grandes temas de debate fueron: “Los aportes de las altas cortes al Ius Constitutionale Comune”; “El Precedente Constitucional como Fuente del Derecho”; y, los “Efectos de las sentencias estimatorias en casos de violaciones de derechos”. El encuentro internacional -que se realizó en su versión anterior en República Dominicana el año 2022- recibió a 44 delegados de: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Paraguay, Panamá, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
