El sábado 1 de marzo, la Presidenta de esta Magistratura, ministra Daniela Marzi Muñoz, participó en la cuenta pública e inauguración del Año Judicial 2025, del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera. También asistieron las ministras y ministros: María Pía Silva Gallinato, Marcela Peredo Rojas y Mario Gómez Montoya. El Presidente del máximo Tribunal del país, abordó las problemáticas ocurridas el año 2024 – con la destitución de dos de sus ministros- indicando que “…luego de ese trance la Corte Suprema ha salido fortalecida, cohesionada y comprometida en renovar nuestro deber de administrar justicia, con apego irrestricto a la Constitución y a las leyes de la República”.
La ceremonia fue encabezada por la vicepresidenta de la República, ministra Carolina Tohá. También concurrieron el presidente del Senado, José García Ruminot; el presidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo; la Contralora General de la República, Dorothy Pérez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia y diversas autoridades ligadas al sector judicial.
Ricardo Blanco se refirió a las acusaciones constitucionales que determinaron la destitución de Ángela Vivanco y de Sergio Muñoz. “El Poder Legislativo, por medio del mecanismo que dispone la Carta Constitucional, destituyó de sus cargos a dos miembros de esta Corte, hecho que, junto con producir un indudable impacto, ratifica la vigencia de los controles recíprocos entre poderes”. A reglón seguido, precisó que existen desafíos pendientes, entre los cuales destacó una propuesta de mejora en la regulación ética de la Corte Suprema y el proyecto de reforma de nombramientos enviada por el Gobierno al Congreso Nacional.
Dentro de las estadísticas del Máximo Tribunal del País, su Presidente señaló que durante el 2024 tuvieron más de 3 millones de ingresos y términos, lo que representa un aumento del 0,7% en comparación con las cifras del año anterior. Agregó que la Corte Suprema redujo el stock en causas pendientes en 33.000, teniendo 62.000 ingresos y 95.000 términos. Por otro lado, en los tribunales de base, hubo un aumento del 5,7% en las causas y de un 6,8 de las causas en tramitación.
